jueves, julio 29, 2021

Prorrogan los exámenes de ingreso y promoción en la Magistratura hasta el día 31 de diciembre de 2021

Durante la sesión de hoy, también se aprobó una propuesta presentada por el diputado radical Emiliano Campos, por el cual se establece prorrogar en forma excepcional y temporal, la validez de las evaluaciones técnicas relacionadas con el ingreso y promoción a la Magistratura, cuyo vencimiento se haya producido a partir del 13 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive. De esta manera, estas evaluaciones técnicas extenderán su vigencia, por única vez, hasta el día 31 de diciembre de 2.021.

La propuesta que venía de la Cámara de Baja fue aprobada por unanimidad pero al introducirle modificaciones volvió a Diputados en revisión.

El miembro informante de la propuesta fue el senador Juan Carlos Jaliff quien explicó que se tratará una propuesta que establece una prórroga de la validez de las evaluaciones técnicas hechas en la Magistratura. También aportó que este proceso se vio restringido para cubrir las vacantes que se producen en el ámbito del Poder Judicial, que fue lo que motivó a que se presentara esta propuesta.

Jaliff también explicó que lo que motivó a aprobar este proyecto fue que se producía una gran inequidad en estos procesos: “Con el objeto de buscarle una solución a este problema propusimos que estas suspensiones abarquen a todos. Será alrededor de 9 meses y con esto seremos bastante justos e iguala a todos los postulantes”, profundizó.

Por su parte, el senador Lucas Ilardo del bloque Frente de Todos comunicó que acompañarán este proyecto ya que consideran que genera justicia para quienes rindan estos exámenes.

Según explican los fundamentos de este proyecto que es acompañado además por sus pares Adrián Reche y Silvia Stocco (tanto autor como coautores quienes son miembros del Consejo de la Magistratura): tras la aparición de la pandemia por Covid-19, se tomaron diversas medidas para regular la actividad judicial en la provincia, “tratando de atenuar los problemas surgidos a raíz de la paralización de todos los procesos como consecuencia del “aislamiento social y preventivo””.

Además sus autores fundamentan que en el ámbito del Consejo de la Magistratura, se han visto paralizados todos los procesos y procedimientos públicos, los concursos para la evaluación de los postulantes para el ingreso o promoción en la Magistratura.

Aclara además, que en relación al método y mecanismo para la evaluación de los postulantes, la Ley 6561, en su art. 4° inc 3 dispone: “a.a) Evaluación de aspirantes: la primera etapa, de evaluación respecto a la idoneidad técnica previa, estará a cargo de la Comisión Asesora y la modalidad de evaluación y la selección de los interesados será mediante la convocatoria a concurso público general de aspirantes, los que deberán ser abiertos. En esta etapa la evaluación se realizará en forma primero escrita y luego oral, formulándose convocatorias y exámenes diferentes y únicos por fuero e instancias…”

Posteriormente con referencia a la validez de los exámenes, dispone el mismo artículo en su inc. 3 a.a) 7° párrafo: “Los aspirantes que hubieren resultado aptos, según la evaluación de aprobado para el cargo al que aspira, integrarán la lista de postulantes que será confeccionada por la Secretaría del Consejo de la Magistratura, para cada fuero e instancia. La evaluación técnica del aspirante que haya aprobado tendrá validez por un término de dos (2) años, a partir de la publicación de la lista referida.”

Es este punto, “referido a la validez de las evaluaciones técnicas, que se propone como objeto del presente proyecto, prorrogando de manera excepcional y temporal la validez de dichos exámenes, dado que los postulantes calificados como aprobados por la Comisión Asesora en la primera etapa de la selección de candidatos a la Magistratura, se ven afectados por: la paralización de los procedimientos a causa de la situación excepcional de público conocimiento; la ralentización de los procesos a causa de la reorganización del sistema judicial, debido a la implementación de protocolos y medidas sanitarias requeridas, y por la considerable reducción de personal, debido a las licencias otorgadas a los empleados encuadrados dentro de los grupos de riesgo, en concordancia con lo establecido en el art. 6 del DNU n° 297”.

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