La renuncia de Marcelo D’Agostino presentada el gobernador Alfredo Cornejo sacudió la estructura política de Mendoza. El ahora exsubsecretario de Justicia dejó su cargo luego de que se hiciera pública una denuncia penal en su contra por abuso sexual, violencia de género, amenazas y coacción.
El caso no solo tiene implicancias judiciales, sino también políticas. La abogada mendocina Carolina Jacky analizó el trasfondo del episodio y cuestionó el impacto dentro del gobierno encabezado por Alfredo Cornejo.
¿Por qué renunció Marcelo D’Agostino en Mendoza?
La dimisión se produjo en medio de una denuncia presentada por una mujer con la que el exfuncionario habría mantenido una relación personal. Según la acusación, los hechos se habrían extendido entre 2021 y 2024, con algunos episodios que incluso habrían continuado hasta 2025.
La presentación judicial incluye cargos por abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y graves reiteradas, amenazas coactivas y coacción, todo ello enmarcado en un contexto de violencia de género.
De acuerdo al relato de la denunciante, el vínculo se inició en el ámbito laboral y luego se trasladó al plano personal, donde —según su testimonio— comenzaron a producirse situaciones de control, agresiones verbales y episodios de violencia física.
Además, el escrito menciona conductas de aislamiento, interferencias en la vida laboral y académica, así como intentos de control sobre la vida cotidiana, incluyendo el uso del teléfono celular y redes sociales.
¿Qué dice la denuncia sobre el uso del poder?
Uno de los puntos más sensibles de la causa es el presunto uso de la posición institucional por parte del acusado.
Según consta en la denuncia, D’Agostino habría utilizado vínculos políticos y judiciales para desalentar la presentación y ejercer presión sobre la denunciante. Este aspecto es considerado clave dentro de la investigación, ya que podría agravar la situación judicial del exfuncionario.
También se mencionan episodios de daños a objetos personales y situaciones en las que el acusado habría solicitado registrar conversaciones, lo que forma parte del conjunto de pruebas que ahora analiza la Justicia.
¿Qué análisis hizo la abogada Carolina Jacky?
En medio del escándalo, la abogada Carolina Jacky aportó una mirada crítica sobre el impacto político del caso.
Jacky sostuvo que el gobernador Alfredo Cornejo “pierde una pieza clave”, al referirse a D’Agostino como una figura de peso dentro del entramado judicial y político de la provincia.
En su análisis, también lo describió como alguien con fuerte influencia en ámbitos tribunalicios, aludiendo a su capacidad de incidencia en nombramientos y decisiones judiciales.
Asimismo, hizo referencia a la existencia de antecedentes o rumores conocidos en distintos ámbitos vinculados a situaciones de violencia, lo que, según su visión, agrava el impacto institucional del caso.
¿Qué consecuencias políticas tiene este caso en Mendoza?
La salida de D’Agostino no solo representa la caída de un funcionario con más de una década en el cargo —desde 2015—, sino que también abre interrogantes sobre los mecanismos de control dentro del Estado provincial.
El caso pone en foco la responsabilidad política en la designación y sostenimiento de funcionarios en puestos clave, especialmente cuando enfrentan denuncias de esta gravedad.
Además, la situación podría tener repercusiones en la agenda pública, particularmente en temas vinculados a género, justicia y transparencia institucional.
¿Cómo sigue la causa judicial?
La investigación se encuentra en curso y será la Justicia la encargada de determinar la veracidad de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades penales.
Por el momento, la denuncia reúne una serie de elementos que incluyen testimonios, registros y material que habría sido documentado a lo largo del tiempo.
El avance del expediente será clave para definir el rumbo del caso, que ya es considerado de alto impacto institucional en Mendoza.
Un caso que sacude al poder político y judicial
La renuncia de Marcelo D’Agostino marca un punto de inflexión en la política mendocina. La gravedad de la denuncia, sumada a las implicancias institucionales, configura un escenario complejo que excede lo judicial.
El análisis de figuras como Carolina Jacky aporta una dimensión política al caso, al poner el foco en la estructura de poder y en las responsabilidades dentro del gobierno.
Mientras tanto, el proceso judicial avanzará en busca de esclarecer los hechos, en un contexto donde la sociedad exige respuestas claras frente a denuncias de violencia de género y abuso de poder.
MENDOZA
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