La estructura productiva del agro mendocino atraviesa uno de los procesos de retracción más profundos de los últimos años. Entre 2015 y 2025 desaparecieron 11.683 productores en la provincia, lo que representa una caída del 55% según datos oficiales del Registro Permanente del Uso de la Tierra (RUT), dependiente del Ministerio de Producción.
En 2015 se registraban 20.876 productores; diez años después, el número se redujo a 9.193. El fenómeno no afecta únicamente a la vitivinicultura, sino que también alcanza a sectores tradicionales como el ajo, los frutales y el olivo.
La disminución no solo se refleja en la cantidad de productores. En el mismo período, la superficie cultivada en productos estratégicos cayó 47%, consolidando una tendencia de abandono de fincas, reconversión forzada y pérdida de escala productiva.
El retroceso presenta distintos niveles de impacto según la actividad:
Vid: reducción del 37% de la superficie.
Frutales: caída del 51%.
Olivos: descenso del 78%.
Ajo: retracción del 74%.
Los números evidencian un proceso sostenido más que una coyuntura puntual. Entre los factores que explican esta transformación se mencionan los bajos precios percibidos por el productor, el aumento de costos, el avance urbano sobre tierras agrícolas, la falta de agregado de valor y limitaciones para consolidar mercados externos.
La economista y doctora en Ciencias Sociales Natalia Palazzolo vincula esta situación con una reducción del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza. Según su análisis, la provincia viene perdiendo participación en el PBI nacional, lo que impacta especialmente en sectores primarios como la agricultura.
Palazzolo advierte que, aunque la macroeconomía nacional influye, Mendoza muestra un deterioro mayor al promedio del país. Actividades como minas y canteras, energía y agricultura registraron caídas cercanas al 15%, mientras que solo algunos sectores industriales y de servicios lograron sostenerse.
La especialista recordó que la provincia supo destacarse como polo exportador de frutas de pepita —peras y manzanas—, producción que hoy se redujo casi a la mitad. “De exportar fruta pasamos a importar”, señaló, subrayando la pérdida de competitividad y de productores.
Desde la Legislatura provincial, la diputada Gabriela Lizana interpretó la desaparición del 55% de los productores como una señal clara de crisis estructural. Según afirmó, la pérdida no se limita a la vid, sino que alcanza a la horticultura y a diversas economías regionales.
Para la legisladora, la rentabilidad quedó rezagada frente al incremento de costos, mientras que el valor agregado se concentra en eslabones alejados del productor. Además, planteó la necesidad de una política integral que modernice la cadena agroalimentaria y corrija desequilibrios.
En el plano internacional, Lizana comparó la situación local con la de países europeos que, tras la pandemia y los conflictos globales, reforzaron sus políticas de seguridad alimentaria y protección de los productores. En ese marco, sostuvo que Argentina aún no logra equilibrar las asimetrías dentro de la cadena de valor.
En el ámbito sindical vitivinícola también hay distintas interpretaciones. Algunos atribuyen la reducción de hectáreas y productores a la falta de precios sostenibles y al alto costo de implantación y mantenimiento de viñedos. Otros sostienen que parte de la actividad se reubica dentro de la provincia, aunque los datos globales muestran una tendencia descendente consolidada.
La pérdida de casi la mitad de la superficie cultivada en productos clave implica menos empleo rural, menor dinamismo económico en los oasis productivos y una reducción de la capacidad exportadora.
Con un mercado interno debilitado y dificultades para acceder al crédito, el escenario plantea desafíos estructurales. Especialistas y dirigentes coinciden en que, sin una estrategia que recupere competitividad y fomente el valor agregado, la transformación del agro mendocino podría profundizarse y redefinir el perfil económico de la provincia en los próximos años.










WhatsApp us