sábado, diciembre 4, 2021

Una minera administrará en Mendoza la Laguna del Atuel

La Laguna del Atuel será una “reserva privada”. Se trata de 138.000 hectáreas en San Rafael, que pertenecen a las empresas Sominar y Luncay. Durante cinco años tendrán a cargo el cuidado del ecosistema, como ocurre en Villavicencio.

Aunque Mendoza viene trabajando desde hace años en la puesta en vigencia de las áreas naturales que posee, la pandemia de coronavirus generó un impulso en el sector, teniendo en cuenta que, tanto localmente como en el mundo, los turistas se están inclinando por visitar este tipo de atractivos en lugar de ciudades, museos o centros de compras.

Así, la Laguna del Atuel, ubicada en San Rafael, está cerca de convertirse en una Reserva Natural Privada a la que mendocinos y turistas podrán acceder una vez termine el proceso que lleva adelante el Gobierno provincial con las empresas dueñas de los terrenos.
Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, explicó que todo comenzó cuando “el propietario de ambas empresas nos hizo una propuesta para explotar el área protegida”.

El proceso avanzó con la firma de un convenio de cooperación y colaboración recíproca entre la Secretaría de Ambiente y Sominar Sociedad Minera Argentina S.A. y Luncay S.A. a fines de octubre de 2018, bajo la gestión del ex gobernador Alfredo Cornejo.
El 19 de enero pasado fue publicado el decreto que ratifica el mencionado acuerdo. “Actualmente estamos en la etapa de armar el plan de manejo para el área, que lleva mucho trabajo de campo”, indicó Mingorance.

El plan debía realizarse durante 2020 pero el contexto de pandemia y el cierre de las áreas y reservas condicionaron el avance sobre el mismo. Mediante ese plan se debe zonificar el área de manejo y se establecerán todos los detalles de la explotación.

“La Laguna del Atuel es una reserva y estos privados quieren crear un área más grande”, precisó Mingorance, aclarando que el Estado “no le está dando el territorio a un privado; esa zona ya es de un privado”.

La intención de las autoridades provinciales es que se dé una situación similar a la que ocurre en la Reserva Villavicencio, donde un privado tiene a cargo el cuidado del ecosistema. Lo recaudado, por lo tanto, quedaría para la empresa.

De esta manera, prácticamente todo el sector cordillerano provincial quedaría protegido, “a excepción de una zona de Malargüe”, detalló el funcionario provincial. El convenio abarca 138.000 hectáreas comprendidas entre la Laguna del Diamante y la Laguna del Atuel.

La vigencia del acuerdo, según establece la cláusula 7, “será de cinco años, contados a partir de la firma del mismo, prorrogándose en forma automática por otro período de cinco años calendario”, salvo que una de las partes rescinda, con un mínimo de 30 días antes.
Si bien las áreas naturales que comprenden ambos espejos de agua quedarían colindantes, la Laguna del Diamante seguiría siendo administrada por el Estado. En este sentido, Mingorance señaló que el territorio que comprende el área natural de esta última “tiene dos dueños: el Ejército y esta empresa”, en referencia a Sominar.

Sabiendo que el hecho de que la mencionada compañía sea minera puede generar preocupación o resistencia en algunos sectores de la ciudadanía, el secretario se encargó de resaltar que la misma “no hace explotación minera, si no que le interesa explotar el área protegida”.

Expectativas por mejoras en el lugar

Actualmente, la Laguna del Atuel no cuenta con ningún tipo de infraestructura para quienes deciden visitarla y sólo se puede acceder a ella con vehículos 4×4.
Por eso hay gran expectativa en las mejoras que generarían las empresas dueñas de los territorios que abarcará la reserva. También esperan que impacte en el desarrollo económico de la región.

Actualmente, según consta en la página oficial del Gobierno provincial, quienes desean visitar la Reserva Laguna del Atuel deben solicitar un permiso en la Delegación El Sosneado de la empresa Sominar S.A. y Valle de Las Leñas S.A.

Todas las actividades que se realicen en las áreas protegidas deberán adecuarse a las disposiciones y normativas que la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Recursos Naturales Renovables dicten en materia de uso público, conservación y realización de eventos especiales.

Fuente: Los Andes.-

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