Una denuncia de altísimo impacto institucional quedó radicada ante la Justicia y encendió una señal de alarma en Uspallata. El oficial principal Mario Abraham Salde, integrante de la Comisaría 23, denunció que dos ruedas de un vehículo secuestrado judicialmente habrían sido retiradas de la dependencia policial y, según la información incorporada a la presentación, luego habrían terminado colocadas en un móvil de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras-
De acuerdo con la denuncia, todo salió a la luz el 26 de febrero de 2026, cuando al regresar a la seccional cerca de las 10.20 hs Salde fue informado de una irregularidad detectada durante el relevamiento de secuestros judiciales. El vehículo involucrado era un Fiat Cronos blanco, dominio AF816IA, asentado en el Libro de Secuestros Judiciales bajo el número 31/25 y vinculado al expediente T-9204/25. Según esa presentación, al auto le faltaban la rueda delantera derecha y la rueda trasera izquierda, además de cinco tuercas que habrían quedado en el piso.

La denuncia va todavía más allá. Siempre según lo expuesto por el oficial principal, desde la guardia anterior se le informó que personal de la Guardia Urbana Municipal iba a presentarse en la dependencia para retirar las ruedas, utilizarlas de manera momentánea y luego devolverlas. El punto más delicado aparece después: cuando esas cubiertas fueron colocadas nuevamente en el auto secuestrado, un efectivo advirtió que no serían las originales, ya que presentaban un desgaste mucho mayor que el que tenían las que estaban en el vehículo al momento de su ingreso.
En la presentación judicial también aparece otro dato sensible. Según el denunciante, la maniobra habría ocurrido mientras se encontraba de servicio la guardia a cargo del oficial subayudante Miguel Tapia, y en uno de los informes incorporados se señala que un efectivo policial habría acompañado a preventores municipales durante la extracción de las ruedas.
Según consta en la denuncia, los preventores habrían afirmado que actuaban con aval de Pablo Tijera, señalado allí como la máxima autoridad del área municipal correspondiente. En esa misma presentación también aparece mencionado el subcomisario Oscar Fernández, quien en esos momentos se encontraba a cargo de la Comisaría 23 de Uspallata, ya que el titular estaba de licencia por una situación familiar. Siempre en base a lo denunciado, la maniobra también habría contado con su autorización. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si ambos tuvieron intervención real en el episodio.
El dato que termina de darle una dimensión aún más delicada al caso es el destino que habrían tenido esas ruedas. De acuerdo con lo declarado por Salde, una de las informaciones que recibió indicaba que las cubiertas retiradas del auto secuestrado habrían sido colocadas en un Fiat Cronos perteneciente a la Guardia Urbana Municipal, identificado como interno 474.

La gravedad institucional del hecho, si se confirma, no radica solo en el eventual cambio de neumáticos. Lo central es que el vehículo intervenido no era un auto común, sino un rodado que estaba bajo secuestro judicial, es decir, bajo custodia del Estado y a disposición de la Justicia. Cualquier manipulación sobre sus partes, sin respaldo formal, abre un escenario extremadamente comprometedor tanto desde el plano administrativo como penal.
Otro elemento que aparece en la denuncia complica la reconstrucción de lo ocurrido: en la dependencia no habría cámaras de seguridad. No obstante, el expediente deja abierta una posible vía de prueba importante, ya que podría existir un acta de retención vehicular con detalles de las ruedas y además Policía Científica habría tomado fotografías del auto cuando fue secuestrado. Ese material será clave para determinar si efectivamente las cubiertas originales fueron retiradas y reemplazadas por otras distintas.
Por ahora, todo lo conocido surge de una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público Fiscal. Pero si el contenido de esa exposición encuentra respaldo probatorio, Uspallata podría quedar frente a un caso de enorme gravedad: la utilización presunta de elementos de un vehículo judicializado para beneficiar a un móvil municipal, dentro de una dependencia policial y bajo la sombra de autorizaciones que ahora deberán ser explicadas.
Fuente:Diario Mendoza










WhatsApp us