El Tribunal de Cuentas de Mendoza aplicó multas al director ejecutivo del Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear, Alejandro Daniel Torres, y a otros tres funcionarios de la institución, tras detectar irregularidades administrativas en la contratación de un vehículo Renault Kangoo por la que se abonaron alrededor de 18 millones de pesos durante 2024.
La medida quedó plasmada en el Fallo N.º 18.378, emitido el 24 de abril de 2026, donde se resolvió sancionar a los responsables por incumplimientos vinculados al proceso de contratación y control del gasto público.
Según la resolución, las sanciones económicas fueron distribuidas de la siguiente manera:
Durante la auditoría, los organismos de control detectaron diversas irregularidades en la contratación del vehículo utilizado por el hospital.
Entre los principales cuestionamientos se destacó que las facturas abonadas no contaban con la imputación preventiva correspondiente al inicio del período contratado y que las imputaciones definitivas fueron realizadas con posterioridad a la prestación del servicio, incumpliendo las etapas legales del gasto público.
Además, los expedientes revisados no contenían contrato ni pliego de condiciones que estableciera claramente las obligaciones entre las partes involucradas.
Otro de los puntos observados fue el monto total abonado. El Tribunal señaló que, al alcanzar los 18 millones de pesos, la contratación debía haberse realizado mediante un proceso licitatorio, ya que superaba ampliamente el límite permitido para una contratación directa vigente en ese momento.
También se advirtió la falta de documentación que acreditara efectivamente la prestación del servicio. Según el informe, no existían certificaciones emitidas por el área de movilidad del hospital, registros de kilómetros recorridos ni hojas de ruta. Únicamente figuraban facturas mensuales por 4.000 kilómetros, aprobadas por la Dirección del establecimiento.
Los funcionarios argumentaron que la contratación directa se realizó de manera urgente debido a la devolución de una camioneta Chevrolet que había sido prestada por el Área Departamental de Lavalle, situación que dejó al hospital sin movilidad para determinadas tareas.
Sin embargo, el Tribunal consideró que esa circunstancia solo podría haber justificado una medida excepcional durante un período limitado. Los auditores remarcaron que la situación se prolongó hasta abril de 2025 sin que se regularizara el procedimiento administrativo ni se convocara a una licitación.
En el fallo, el organismo de control sostuvo que existieron incumplimientos en la registración de las etapas del gasto, ausencia de un instrumento contractual válido y omisión de los procedimientos de contratación exigidos por la normativa vigente.
Respecto al director del hospital, el Tribunal señaló que, como máxima autoridad de la institución, tenía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas de contratación y control. Además, destacó que al firmar y conformar las facturas avaló el procedimiento que posteriormente fue objetado.










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