El Gobierno de Mendoza dio por cerrada la negociación paritaria con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y avanzará con un incremento salarial por decreto para los empleados representados por el gremio que conduce Roberto Macho.
La decisión se tomó luego de que el sindicato rechazara la propuesta oficial y profundizara su plan de lucha. Desde el Ejecutivo interpretaron que el conflicto dejó de estar centrado exclusivamente en lo salarial y comenzó a trasladarse al plano político.
El aumento que se oficializará por decreto será del 7 por ciento para el primer semestre de 2026. El esquema contempla un 5 por ciento en marzo y un 2 por ciento en mayo, ambos calculados sobre los haberes de diciembre de 2025 y sin carácter acumulativo.
Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que la medida busca garantizar que los trabajadores perciban el incremento sin mayores demoras y evitar que la falta de acuerdo impacte directamente en los salarios.
La cartera económica sostuvo que no existe margen presupuestario para mejorar la oferta sin comprometer el equilibrio fiscal de la provincia. Según indicaron, el esquema fue elaborado en función de las proyecciones de ingresos y con el objetivo de sostener las cuentas públicas sin desvíos.
Uno de los puntos que generó mayor malestar en ATE fue la diferencia respecto a la propuesta realizada al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que alcanzó el 10 por ciento. Desde el gremio estatal consideraron insuficiente el 7 por ciento ofrecido, en un contexto de suba sostenida de precios.
La oferta que ahora se convertirá en decreto es la misma que el sindicato había rechazado en la primera instancia de diálogo. Para el Ejecutivo, la falta de avances en la negociación y la continuidad de las medidas de fuerza agotaron la instancia paritaria.
Con la firma del decreto, el Gobierno fija unilateralmente el incremento salarial y abre una etapa de fuerte tensión con uno de los gremios más representativos del sector público provincial. Mientras la gestión de Alfredo Cornejo apuesta a preservar la estabilidad fiscal, ATE evalúa nuevas acciones en rechazo a lo que considera una imposición.
El conflicto, lejos de cerrarse, podría trasladarse a las calles en las próximas semanas, en medio de paros y asambleas que ya afectan el funcionamiento de distintas dependencias estatales.










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