En un hecho que deja seriamente expuesto al Gobierno nacional, la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo no fue resultado de gestiones de la Cancillería ni de una estrategia diplomática de la administración de Javier Milei. Por el contrario, llegó a través de una negociación silenciosa impulsada por Claudio “Chiqui” Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dejando en evidencia un vacío alarmante en la política exterior argentina.
Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, recuperó su libertad tras 448 días. Casi un año y medio en el que el Estado argentino, que tiene la obligación primaria de proteger a sus ciudadanos en el exterior, no logró —o no quiso— encauzar una solución efectiva. La confirmación de su liberación llegó primero por parte de su esposa y luego mediante un comunicado oficial de la AFA, que además agradeció públicamente a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez y a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por “facilitar el encuentro”.
La imagen es contundente y políticamente incómoda: Gallo, ya liberado, aparece acompañado por dirigentes de AFA —el Prosecretario Luciano Nakis y el Secretario de Protocolo Fernando Isla Casares— en Caracas. No hay funcionarios de Cancillería, no hay representantes diplomáticos argentinos. Porque directamente no los hay: el Gobierno de Milei rompió relaciones con Venezuela a mediados de 2024, retiró al embajador y dejó al país sin canal formal de diálogo.
Esa decisión política tuvo consecuencias concretas. Sin embajador, sin vínculo institucional y sin negociación oficial activa, la suerte de un gendarme argentino quedó librada a un escenario de aislamiento diplomático. La representación argentina pasó a depender de la embajada de Brasil, mientras el conflicto se extendía en el tiempo sin resolución visible.
Y en ese vacío apareció la llamada “diplomacia del fútbol”.
Según trascendió, la AFA inició contactos aprovechando su relación institucional con la FVF, presidida por Jorge Giménez, cercano al poder político venezolano. El primer acercamiento habría ocurrido durante el Sudamericano Sub-20 en enero de 2025. Luego, con respaldo de Conmebol y del presidente de FIFA, Gianni Infantino, Tapia insistió hasta abrir un canal de diálogo que terminó destrabando la situación.
El dato no es menor: Gallo regresó al país en un avión privado de la AFA, ya que no estaba permitido el ingreso de otra aeronave argentina. Es decir, incluso la logística del regreso quedó en manos del fútbol y no del Estado.
Desde el Gobierno intentaron relativizar el rol de la AFA. Pero los hechos, las fotos y los agradecimientos oficiales dejan poco margen para reinterpretaciones: fue la estructura del fútbol la que logró lo que la política exterior argentina no consiguió.
La propia AFA lo expresó sin rodeos en su comunicado, agradeciendo a Delcy Rodríguez por su “sensibilidad y disposición” y destacando que el deporte puede ser “un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación”. Tapia, por su parte, habló de un “trabajo silencioso y mancomunado” que permitió que, después de 448 días, Gallo regresara a su casa.
La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿cómo puede ser que un gobierno que debe velar por los intereses y la seguridad de sus ciudadanos en el exterior quede al margen de una gestión humanitaria de esta magnitud? ¿Cómo se explica que el canal más eficaz no haya sido la Cancillería, sino una entidad deportiva?
Más allá de la disputa política entre AFA y la Casa Rosada, el episodio deja una señal preocupante sobre la eficacia del Gobierno nacional en materia diplomática. Cuando el Estado se retira de la escena internacional por decisión propia, alguien ocupa ese lugar. Esta vez fue el fútbol. Y el contraste, para muchos, resulta demoledor.










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