La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa: investigan el origen de sus fondos

El juez federal Ariel Lijo busca determinar si el jefe de Gabinete y su mujer pueden justificar sus gastos en viajes al exterior y la compra de inmuebles de lujo.

El escenario judicial se complicó para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una investigación que busca profundizar en el origen de los fondos de la pareja. La medida, que había sido solicitada originalmente en marzo, apunta a esclarecer cómo el matrimonio financió viajes internacionales y la adquisición de costosas propiedades desde que Adorni ingresó al Gobierno Nacional.

La preocupación de la Justicia radica en una posible irregularidad financiera, ya que los gastos y las deudas que mantiene el funcionario no coincidirían con el sueldo percibido, primero en su rol como vocero presidencial y ahora bajo la Jefatura de Gabinete.

Tras los rastros de viajes al exterior y propiedades de lujo

El objetivo principal del magistrado es encontrar el respaldo económico de los viajes realizados al exterior por Adorni junto a su familia. Sin embargo, la investigación no se detiene allí: también se están revisando las compras de dos propiedades que el funcionario adquirió recientemente: un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en el exclusivo country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Hasta el momento, la causa cuenta con declaraciones de testigos que han presentado facturas y tickets que confirman estos movimientos de dinero desde el inicio de sus funciones públicas. El levantamiento del secreto fiscal permitirá a los investigadores comparar estos gastos con las declaraciones presentadas ante la AFIP por el matrimonio Adorni-Angeletti.

Vínculos bajo sospecha: contratos y vuelos privados

En paralelo al secreto fiscal, el juez Lijo ordenó revisar las comunicaciones de Marcelo Grandío, un periodista y productor amigo de Adorni. La sospecha gira en torno a un viaje que ambos realizaron en avión privado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval.

La situación de Grandío es delicada, ya que su productora, ImHouse, cerró contratos con la Televisión Pública, organismo que depende jerárquicamente de la Jefatura de Gabinete que lidera Adorni. La Justicia investiga si existieron “dádivas” o negociaciones incompatibles con la función pública, analizando los contactos entre Grandío, Adorni y Horacio Silva, titular formal de la productora.

Testimonios que complican: dólares «en negro» y pagos en efectivo

La causa sumó testimonios clave que alimentan las dudas sobre el patrimonio del funcionario. Esta semana, el empresario inmobiliario Leandro Miano ratificó que Adorni todavía les debe 200.000 dólares a dos jubiladas por la compra del departamento en Caballito. Además, se supo que el funcionario habría acordado un pago de 65.000 dólares «por fuera» de la escritura oficial.

A esto se suma la declaración del contratista Matías Tabar, quien realizó las reformas en la casa del country Indio Cuá. Tabar afirmó ante el fiscal Gerardo Pollicita que el costo de las obras ascendió a 245.000 dólares, los cuales fueron pagados por Adorni totalmente en efectivo y sin factura. Estos elementos son los que llevaron al juez Lijo a considerar que la única forma de avanzar en la verdad es abriendo las cuentas fiscales de la familia del Jefe de Gabinete.