Escándalo en Mendoza: investigan certificados de vacunación falsos y pagos ilegales para “saltear” el calendario

Una investigación por presunto cohecho y falsificación de registros sanitarios sacude al sur de Mendoza, luego de detectarse que menores figuraban con el calendario de vacunación completo en sistemas oficiales sin haber recibido ninguna dosis.

El caso, que es llevado adelante por el fiscal Juan Ticheli junto a la División de Delitos Económicos, salió a la luz tras inconsistencias detectadas por profesionales de la salud: niños que, en la práctica, no estaban vacunados, pero aparecían como inmunizados en los registros.

Cómo se descubrió la maniobra

Las primeras alertas surgieron en San Rafael, cuando médicos comenzaron a notar que varios pacientes tenían el calendario completo cargado en sistemas oficiales, pese a no haber recibido dosis.

Todos los casos coincidían en un punto clave: figuraban vacunados en el Centro de Salud N° 22 de El Pastal, ubicado en Las Heras, a cientos de kilómetros de sus domicilios.

El dato encendió las alarmas. Al cruzar información en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino y en la app Mendoza por Mí, los registros aparecían completos: fechas, lotes de vacunas y usuarios responsables de las cargas. Pero no existía correlato en historias clínicas ni constancia de atención.

El “Plan B”: pagar para figurar vacunado

La investigación dio un giro cuando un pediatra accedió a audios donde se ofrecía un mecanismo alternativo para evitar la vacunación real, denominado “Plan B”.

A partir de eso, se realizó una intervención encubierta. Con una identidad falsa, autoridades sanitarias contactaron al número involucrado. La respuesta fue clara: se solicitaban datos del menor y se fijaban tarifas que podían alcanzar los $270.000, más adicionales por cada vacuna cargada.

El procedimiento incluía:

• Carga falsa en sistemas oficiales
• Registro completo del calendario
• Encuentro presencial para firmar la libreta sanitaria

Toda la operación quedó documentada y certificada, incluyendo audios, capturas y registros digitales.

Allanamientos y pruebas clave

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos en viviendas y en el propio centro de salud. Se secuestraron:

• Celulares y computadoras
• Sellos oficiales y de profesionales
• Recetarios y documentación médica
• Más de 160 certificados de vacunación, algunos ya completos

También se investigan conexiones con otros departamentos como Valle de Uco y Luján de Cuyo.

Dos enfermeros quedaron bajo investigación, aunque por el momento no hay detenidos.

Delitos y gravedad del caso

La causa está inicialmente encuadrada como cohecho pasivo, aunque podría ampliarse a:

• Falsedad ideológica
• Inserción de datos falsos en registros públicos
• Incumplimiento de deberes de funcionario

Para los investigadores, no se trata de hechos aislados sino de una práctica sistemática que habría operado durante 2025 y 2026.

El punto más grave: los registros oficiales de vacunación —clave para el control sanitario— habrían sido manipulados para simular coberturas inexistentes.

“La dimensión real del caso todavía está en proceso de reconstrucción”, indicaron fuentes de la investigación.

Mientras avanza el análisis de los dispositivos secuestrados, la Justicia busca determinar cuántas personas accedieron al “Plan B”, cómo se movía el dinero y quiénes más podrían estar involucrados en una maniobra que pone en riesgo la salud pública.