El Gobierno niega la crisis mientras la uva se paga por debajo del costo

La vendimia 2026 arranca con un clima que va mucho más allá de lo climático. En medio de avisos que ofrecen uva blanca y criolla a $100 + IVA el kilo y tinta a $130 + IVA —valores que el sector considera de quebranto— crece el malestar contra el Gobierno provincial, al que acusan de “mirar para otro lado” mientras el productor trabaja a pérdida.

Desde Casa de Gobierno sostienen que el sector no atraviesa una crisis estructural. Sin embargo, en las fincas la realidad es otra: aumento de costos superior al 30%, caída del consumo interno, retracción de exportaciones y bodegas con dificultades financieras que repercuten en toda la cadena.

“La uva vale menos que el año pasado, pero los costos subieron fuerte. Con estos números no cubrimos ni la inversión anual”, advierten productores autoconvocados, que ya evalúan medidas de fuerza como cortes de ruta, caravanazos e incluso un acampe frente a la Casa de Gobierno.

La zona Este, corazón productivo de Mendoza, fue el epicentro de una asamblea donde se planteó un reclamo concreto: intervención urgente del Estado provincial para equilibrar una negociación que hoy consideran desigual.

Comparan además la situación con San Juan, donde el Gobierno provincial anunció líneas de financiamiento y alivio para productores afectados por contingencias climáticas y problemas financieros. “Allá el Estado está presente. Acá sentimos abandono”, expresaron referentes del sector.

El conflicto no es nuevo. En temporadas anteriores, la Provincia intervino comprando uva para mosto a valores que funcionaron como precio de referencia. Hoy, esa herramienta no aparece en el horizonte inmediato y el mercado fija valores que, según los productores, no cubren costos básicos de mano de obra, insumos, energía y mantenimiento.

El malestar también se profundiza por la falta de señales claras. Algunas bodegas ya anticiparon que no comprarán determinadas variedades, lo que agrava la incertidumbre.

La vitivinicultura no es solo una actividad económica: es identidad, empleo y sustento para miles de familias mendocinas. Cuando el productor entra en crisis, el impacto se multiplica en contratistas, cosechadores, transportistas y trabajadores de bodega.

Con la cosecha en marcha y el enojo en aumento, la pregunta ya no es si hay crisis o no. La pregunta es cuánto tiempo más puede sostenerse el sistema sin una respuesta concreta del Gobierno provincial.

El reclamo es directo: precios que cubran costos, herramientas de financiamiento y una política activa que impida que la vendimia 2026 quede marcada como el año en que el Estado se desentendió del productor.