Una caravana de taxistas y remiseros tomará las calles de Mendoza en un ultimátum al Gobierno provincial. Su protesta no es solo contra la competencia de…
Una caravana de taxistas y remiseros tomará las calles de Mendoza en un ultimátum al Gobierno provincial. Su protesta no es solo contra la competencia de las plataformas como Uber, Maxim, Didi y Cabify, sino contra un sistema que, según ellos, los condena a la extinción. Todo en un contexto de inflación creciente donde el transporte es uno de los rubros que más castiga el bolsillo de los mendocinos. El Gobierno, que legalizó las Apps en 2018, liberó la competencia, y los taxistas pretenden que estos choferes y empresas tengan las mismas regulaciones que el sistema de taxis y remises.
El sector del taxi, con sus 1.306 unidades, se vio acorralado en los últimos años por el avance imparable de las plataformas digitales. Las cifras oficiales son elocuentes: las empresas como Uber, Cabify y Maxim han habilitado 4.016 vehículos, triplicando en número a los taxis y remises combinados. La multiplicación de autos al servicio de Apps fue progresiva, avalada por una legislación pionera, la Ley de Movilidad 9.086 de 2018, e impulsada por otro fenómeno creciente en Mendoza: “la uberización” del mercado laboral, es decir, se transformó en una salida laboral para muchas personas que, incluso, tienen doble trabajo.
El gremio de taxistas, a través de uno de sus representantes como Héctor Cannizzo de Aprotam, pintaron un cuadro de profunda desigualdad. Mientras ellos deben actualizar la tarifa, fijada en $1.377 la bajada de bandera, para compensar el aumento constante de los combustibles y los insumos—uno de los factores de mayor peso en el índice de inflación—, las aplicaciones tienen la flexibilidad de ajustar sus precios dinámicamente y hasta de hacer promociones.
Pero el problema va mucho más allá del costo del viaje. Para los taxistas, la “competencia desleal” se esconde en los costos operativos y las obligaciones que el Estado les impone y, según denuncian, ignora en el caso de las apps. La lista de reclamos es larga y específica:
Regulaciones técnicas: Los taxis están sometidos a cuatro revisiones técnicas anuales (RTO), mientras que los vehículos de plataformas, a pesar de las recientes enmiendas a la ley, no tienen el mismo nivel de exigencia.
Costos laborales y fiscales: Los taxis tienen “trabajadores registrados”, lo que implica el pago de cargas sociales y salarios formales. En contraste, los conductores de apps son monotributistas, sin una relación laboral formal. “Mientras nosotros pagamos impuestos y cargas sociales, las apps se llevan el dinero sin dejar nada en la provincia”, denuncian desde el Sindicato de Obreros de Taxis y Remises de Mendoza (SOTM).
Seguros y seguridad: Los taxistas están obligados a contar con un seguro de pasajeros con una prima millonaria y a un sistema satelital monitoreado por la policía, costos y medidas que las apps, según ellos, no asumen en la misma medida.
