Cansados de la inacción estatal, los propios vecinos costearon análisis bacteriológicos con la UNCuyo. Los resultados confirman la presencia de Escherichia coli en el agua de consumo y canales de riego, acelerando el pedido de imputación penal para el directorio de la empresa.
La paciencia de los habitantes de Los Corralitos, en Guaymallén, se agotó al mismo ritmo en que los efluentes cloacales comenzaron a inundar de manera sistemática sus calles y canales. Lo que durante meses fue denunciado por la comunidad como una crisis ambiental insostenible, hoy ha adquirido el rigor de una certeza científica inapelable. El agua de la zona está severamente contaminada y representa un peligro directo para la salud humana.
Acorralados por la falta de soluciones de la empresa estatal Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM), un grupo de vecinos decidió tomar la iniciativa. Mediante una colecta, financiaron un relevamiento bacteriológico encargado al laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El informe, compuesto por ocho muestras estratégicas tomadas a principios de mayo, fue presentado formalmente ante el Polo Judicial Penal. Transformándose en una pieza probatoria central que agrava drásticamente la situación de las autoridades de la prestataria.
Los datos arrojados por el laboratorio de la UNCuyo describen un panorama que los propios vecinos califican de “desesperante”. De las ocho muestras analizadas, solo tres cumplieron con los parámetros de potabilidad. Las cinco restantes revelaron la presencia de agentes patógenos incompatibles con la vida urbana y agrícola.
Como contrapartida, el único refugio sanitario de la zona sigue siendo un histórico pozo ubicado en la intersección de calles Severo del Castillo y Adrover. Allí, las muestras confirmaron que el agua sigue siendo apta para el consumo. Eso convierte al lugar en un punto de peregrinación diaria para decenas de familias que buscan abastecerse de forma segura.
El Código Alimentario Argentino (Ley 18.284) es taxativo respecto a las condiciones del recurso hídrico para el uso de la población:
| Parámetro Requerido | Situación Detectada en Los Corralitos | Impacto Sanitario |
| Ausencia de contaminantes biológicos | Presencia de Escherichia coli y bacterias patógenas | Alto riesgo de infecciones intestinales y SUH |
| Aptitud para riego hortícola | Efluentes cloacales crudos en canales de irrigación | Riesgo de contaminación cruzada en alimentos frescos |
| Garantía de potabilidad en red | Muestras domiciliarias declaradas “no aptas” | Vulnerabilidad en la población infantil y anciana |
El informe científico de los vecinos no es un hecho aislado, sino que se acopla a un expediente penal que se inició en 2024 tras las denuncias del Departamento General de Irrigación. Este organismo que ya le había negado a AYSAM el permiso para volcar efluentes sobre el Canal Pescara e intimado por la contaminación del canal de riego de Severo del Castillo.
Con estas nuevas pruebas, el cerco judicial sobre la cúpula de AYSAM parece cerrarse. El fiscal de instrucción Gabriel Blanco y el fiscal jefe Sebastián Capizzi ya han dictaminado que existen “elementos de convicción bastantes” para avanzar con una imputación penal formal por contaminación ambiental.
El pedido de imputación no solo alcanza a Humberto Mingorance, presidente del organismo. También a toda la línea de mando: Juan Pablo Eraso (vicepresidente), Carlos Reta y Daniel Canone (directores), y Darío Hernández (gerente general). La decisión final sobre el llamado a indagatoria y la formalización del proceso descansa ahora en el juez Gustavo Pirrello.
Mientras los tiempos tribunalicios avanzan con su habitual burocracia, en Los Corralitos el tiempo corre en contra de la salud pública. La investigación promovida por la comunidad demuestra que, cuando el Estado falla en su rol de control y saneamiento, la ciencia de gestión ciudadana se convierte en la última línea de defensa.
Fuente:ecosmendocinos










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