El ministro Rodolfo Vargas Arizu descartó intervenir con un precio sostén para la uva y advirtió que podría derivar en una denuncia de dumping internacional. Productores rechazan esa postura y aseguran que hoy enfrentan pérdidas superiores al 50% de sus costos.
La discusión por el precio de la uva volvió al centro del debate público en Mendoza luego de que el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, afirmara en una entrevista radial que una intervención provincial para sostener valores podría generar una nueva denuncia de dumping internacional.
Sus declaraciones remiten al conflicto comercial que atravesó el mosto argentino en 2022 y 2023, aunque el planteo abrió una fuerte controversia en el sector vitivinícola, donde productores y dirigentes sostienen que la situación actual exige medidas urgentes.
En marzo de 2022, la empresa estadounidense Delano Growers Grape Products presentó una denuncia ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos contra exportadores argentinos de mosto. La acusación señalaba que el producto se vendía en ese mercado por debajo de su costo de producción y que existían subsidios estatales que distorsionaban la competencia.
La investigación incluyó dos ejes: presunto dumping empresarial y supuestas subvenciones otorgadas por el Estado argentino, entre ellas reintegros de exportación, regímenes de importación temporaria y beneficios fiscales vinculados a cooperativas.
Como resultado, los aranceles para ingresar mosto al mercado estadounidense pasaron del 8% a un rango de entre 21% y 30%, según la firma exportadora. Las exportaciones cayeron cerca de 40% interanual en diciembre de 2022, afectando a un sector que genera aproximadamente 30 mil puestos de trabajo y factura entre 130 y 200 millones de dólares anuales.
Técnicamente, el dumping consiste en vender un producto en el exterior a un precio inferior al que se comercializa en el mercado interno o incluso por debajo del costo de producción. Se considera una práctica de competencia desleal cuando genera perjuicio a la industria del país importador.
En este contexto surge el punto central del debate: un precio sostén en origen, lejos de abaratar el producto exportado, elevaría el costo de la materia prima y reduciría la brecha entre costo y valor final.
Quienes cuestionan la postura oficial sostienen que el antecedente de 2022 demuestra lo contrario a lo planteado por el ministro. Argumentan que en aquella causa uno de los elementos observados fue el bajo valor pagado por la uva en origen, lo que reducía el costo del mosto exportado.
Actualmente, la uva para mosto se paga alrededor de 200 pesos por kilo, el mismo valor nominal que en 2023 y 2024, pese a una inflación acumulada cercana al 300% en ese período.
Desde el sector productivo advierten que un operativo provincial de compra con precio sostén podría actuar como herramienta defensiva ante eventuales investigaciones, al demostrar que el productor percibe un valor acorde a sus costos reales.
Datos de la Asociación de Viñateros de Mendoza y estimaciones técnicas basadas en metodología del INTA indican que los costos de producción de uva criolla en parral se duplicaron respecto al año anterior.
Productores del Valle de Uco calculan pérdidas de hasta 2.000 dólares por hectárea con los valores actuales. En asambleas recientes, viñateros afirmaron que apenas logran cubrir el 50% de sus costos y algunos incluso evalúan no cosechar.
La problemática no es nueva, pero se profundizó ante la ausencia de mecanismos de regulación del mercado en las últimas campañas.
En 2022, el propio Gobierno provincial implementó un operativo de compra a través de Mendoza Fiduciaria, pagando precios hasta 30% superiores al mercado para actuar como comprador de referencia y equilibrar la cadena.
En marzo de 2023, en tanto, se firmó un Acuerdo de Suspensión entre la Cancillería argentina y el Departamento de Comercio estadounidense que estableció una cuota anual de 40.400 toneladas de mosto concentrado para ingresar al mercado norteamericano. El convenio evitó un cierre total, pero implicó exportar bajo cupo y licencia.
El eje de la discusión no es solo comercial, sino estructural: si el Estado debe intervenir para evitar el colapso del productor primario en un mercado deprimido o si ello podría generar consecuencias en el plano internacional.
Mientras el precio en origen continúa sin recomposición significativa, el malestar crece entre productores pequeños y medianos, que se consideran el eslabón más vulnerable de la cadena vitivinícola.
El desafío ahora es definir si la herramienta del precio sostén representa un riesgo comercial o una necesidad productiva ante un escenario de pérdida sostenida.










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