Colapso cloacal en Corralitos: Irrigación denunció a AYSAM, vecinos aportan pruebas y crecen las críticas por la ausencia del intendente

La crisis sanitaria y ambiental por los desbordes cloacales en Los Corralitos sumó un nuevo y fuerte capítulo judicial. El Departamento General de Irrigación denunció formalmente a Aysam por vuelcos de efluentes en el canal Ramo 12 sin autorización, y ahora la fiscalía analiza imputar a las principales autoridades de la empresa estatal.

La medida fue impulsada por el fiscal Gabriel Blanco, con respaldo de Sebastián Capizzi, mientras que la definición final quedó en manos del fiscal Gustavo Pirrello. La investigación apunta a posibles delitos vinculados a contaminación ambiental y daños a infraestructura pública.

Entre los nombres que podrían quedar imputados aparecen el presidente de Aysam, Humberto Mingorance; el vicepresidente Juan Pablo Eraso; los directores Juan Carlos Reta y Daniel Canone; y el gerente general Darío Hernández.

Irrigación, en el centro de la escena

El avance de la causa también puso bajo la lupa al propio Departamento General de Irrigación. El organismo no solo presentó la denuncia contra Aysam, sino que además es la autoridad responsable de autorizar y controlar los vuelcos dentro del sistema hídrico provincial.

Es decir, interviene simultáneamente como denunciante y como organismo de control en un conflicto donde la contaminación ya forma parte de una investigación judicial.

La tensión aumentó luego de que Irrigación cuestionara aspectos técnicos del estudio presentado por los vecinos, a pesar de que dicho informe confirmó la presencia de Escherichia coli en el agua de la zona afectada.

Mientras por un lado impulsa la causa judicial, por otro relativiza una de las pruebas más contundentes sobre la contaminación denunciada.

Vecinos financiaron sus propios estudios

Ante la falta de respuestas oficiales, los vecinos decidieron avanzar por cuenta propia. Con fondos reunidos entre la comunidad, encargaron un análisis a la Universidad Nacional de Cuyo.

El resultado fue alarmante: el estudio determinó que el agua en distintos puntos de Los Corralitos no es apta para consumo humano y confirmó contaminación con Escherichia coli.

El informe también amplió el alcance del problema hacia sectores como Puente de Hierro y zonas de Lavalle, dejando en evidencia que la situación podría extenderse mucho más allá del punto inicial del conflicto.

Para muchos vecinos, el dato más grave es que la principal evidencia del caso no surgió desde el Estado, sino desde la propia comunidad afectada.

El silencio del municipio

En medio del conflicto, otro de los focos de cuestionamiento apunta al intendente de Guaymallén y al rol del municipio.

Si bien el sistema cloacal depende de la provincia, vecinos reclaman la falta de acompañamiento político y denuncian la ausencia de medidas concretas por parte del gobierno local. Hasta el momento no hubo denuncias municipales ni intervenciones públicas contundentes frente a una problemática que afecta directamente la salud de cientos de familias.

La ausencia, sostienen los vecinos, no es solo institucional, sino también política y simbólica.

Una causa que recién comienza

Mientras la Justicia avanza y las responsabilidades comienzan a discutirse en tribunales, en el territorio el problema continúa sin resolverse.

Entre denuncias cruzadas, estudios independientes y cuestionamientos a los organismos de control, el conflicto ya no gira únicamente sobre quién volcó los efluentes, sino también sobre quién debía evitar que la contaminación ocurriera.