Ante diversas denuncias de usuarios de energía eléctrica sobre que las empresas que brindan esa prestación les cortaron el suministro porque no han podido cancelar las boletas respectivas, el diputado provincial Carlos Sosa (Frente de Todos- PJ) presentó en la Legislatura un proyecto de resolución para solicitarles “a la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia y/o al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), según corresponda, que informen puntos varios referidos a cortes del servicio eléctrico” realizados por la Empresa Distribuidora de Electricidad Mendoza SA (Edemsa) y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz desde el 1 de marzo hasta la actualidad.
Los pedidos de informe –contenidos en el expediente N°78.404 de la Cámara Baja– se deben a que esas suspensiones de servicios han sido aplicadas irregularmente porque el EPRE dispuso, desde el 20 de abril y a causa de las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus, que “los usuarios que tengan dificultades en su capacidad de pago, y con el fin de que no se les suspenda el servicio, podrán regularizar su deuda accediendo a planes de financiación de hasta seis cuotas mensuales y consecutivas”, según detallan los fundamentos de la iniciativa del legislador justicialista.
Esa medida de excepción –como reflejan los argumentos de la propuesta– permite que las distribuidoras apliquen “solo la tasa de interés de hasta el 24% de Tasa para Créditos para la Emergencia del Banco de la Nación Argentina (TNA)” y manda que “deberán abstenerse de aplicar cualquier tipo de recargo moratorio o similar”.
Además, el EPRE estableció que la ayuda “rige para las facturas con vencimiento a partir del 1 de marzo de 2020, por 180 días corridos desde el 24 de marzo, fecha de publicación del decreto nacional Nº311/2020, e incluye las facturas con aviso de corte en curso”. Y que “durante ese plazo podrán estar sin pagar hasta dos facturas bimestrales alternadas o consecutivas, en el caso de facturación bimestral, y hasta cuatro facturas mensuales alternadas o consecutivas, en el caso de facturación mensual’.
En este marco surgió que esas disposiciones no fueron respetadas por las distribuidoras de electricidad ya que igualmente cortaron algunos servicios por falta de pago, de acuerdo con noticias consignadas en distintos medios de comunicación de toda la provincia.
En algunos de esos casos, numerosos usuarios denunciaron que cuando les suspendieron la prestación ni siquiera les habían llegado previamente a sus domicilios las boletas que debían cancelar.
Detalles solicitados
Planteado este panorama, la resolución de Sosa –también presidente de la Comisión de Derechos Constitucionales, Peticiones y Poderes de Diputados– tiende a saber “si se han dispuesto cortes del servicio eléctrico por falta de pago” y, “en caso afirmativo, detalles de día de corte, usuarios afectados, indicando su nombre y domicilio. la empresa prestataria y la cantidad de boletas adeudadas que motivaron la interrupción del servicio”.
También indaga acerca de “si dichos cortes han sido violatorios de la normativa nacional a la cual adhirió la Provincia de Mendoza, que prohíbe a un sector de los usuarios la interrupción o corte de la prestación de servicios durante la existencia de las medidas de excepción adoptadas a raíz de la pandemia por COVID-19”.
Y “si las autoridades públicas responsables detectaron estas irregularidades, notificaron y penalizaron a las empresas prestatarias, y consiguieron la restauración del servicio”.
Incluso se explaya averiguando “si dichos cortes han afectado a usuarios no incluidos en la normativa que prohíbe la interrupción o corte del servicio por falta de pago” y, “en caso afirmativo, la cantidad de usuarios afectados y nivel de incumplimiento en los pagos que originaron la interrupción del servicio”.
Simultáneamente busca saber cuáles han sido las “zonas afectadas por cortes masivos transitorios por razones ‘de mantenimiento’ y/o fallas en las instalaciones o caídas de suministro, la cantidad de usuarios afectados y la duración de los mismos”.
La disposición del EPRE
En cuanto a la disposición del EPRE que prohíbe los cortes del servicio eléctrico y permite financiar en cuotas los pagos de los usuarios, se desprende del decreto Nº543/2020, del 18 de junio, cuyo artículo 1º prorrogó el plazo establecido en el artículo 5º de la ley Nº27.541 desde su vencimiento y por un plazo adicional de 180 días corridos.
Asimismo, el artículo 2º de esa normativa dispuso la sustitución del primer párrafo del artículo 1º del decreto Nº311 del 24 de marzo pasado, por el siguiente texto: “Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3º, en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”.
Algunas de las denuncias
Mientras tanto, según publicaciones de medios periodísticos, las empresas prestatarias seguirán aplicando los cortes porque “alrededor del 80% de los usuarios de servicios públicos deben pagar sin faltas”.
Edemsa resaltó que “registra un 42% de cumplimiento en relación a lo que habitualmente se cobraba en esta época, lo que implica un 58% de pérdida”, y que está “enviando recordatorios de pago a sus clientes”.
A su vez, la Cooperativa de Servicios Alto Verde remarcó: “Antes de que los efectos del coronavirus se hicieran evidentes, la facturación estaba en el orden del 60% o 70% y con la cuarentena hemos bajado la recaudación en forma categórica”.
Por su parte, la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz denunció que el incumplimiento de los pagos alcanza al 70% de sus clientes y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este SA (Edestesa) resaltó que “el 80% de los usuarios” está afuera de la prohibición de cortes por falta de pago.
Ambos se quejaron por ‘la falta de los canales de pago en efectivo habituales que aumentó la mora, y afirman que han debido “disponer de cajas exclusivas”.
Y la situación se repite en el Sur provincial, de acuerdo con reclamos también publicados en medios de comunicación.
Cortes masivos temporarios
Independientemente, con relación a cortes masivos temporarios registrados en diferentes sectores del Gran Mendoza, los hubo el sábado 9 de mayo en domicilios de las calles Beltrán y Cabildo Abierto, de Godoy Cruz, con una duración de dos horas. En esa zona presta servicios la Cooperativa Eléctrica homónima.
Lo mismo sucedió el jueves 2 de julio en Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Rafael y Malargüe, por “trabajos de mantenimiento preventivo en toda la provincia”, según explicó Edemsa.
Posteriormente, el domingo 5 de julio, el servicio eléctrico de Edemsa sufrió cortes y bajas de tensión entre las 9 y las 16 en áreas de Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle, también bajo la prestación de Edemsa.
Entre las distribuidoras Edemsa y Cooperativa Eléctrica suman unos 500.000 usuarios de energía: la primera abastece a más de 439.000 de Capital, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe, y la segunda sirve a unos 60.000 de Godoy Cruz.
Simultáneamente, el EPRE –un organismo autárquico y descentralizado– regula y controla la actividad eléctrica en toda Mendoza de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes.
