jueves, enero 20, 2022

Otra elección a dedo: ahora van por el defensor de personas con discapacidad

En medio de una histórica crisis económica y del sistema sanitario, el gobierno provincial sigue recortando recursos para quienes más los necesitan.  Aprovechando la situación de urgencia que nos hace mirar hacia otro lado, de la mano de los legisladores oficialistas, Suarez intenta arrasar con un derecho ganado de las personas con discapacidad en Mendoza: tener una Defensoría de la Discapacidad representativa.

Por Jo Thomatis 

Foto: Fabián Sepúlveda.

La falta de perspectiva en políticas sociales del Gobierno provincial comenzó a combinarse con la sed de controlar todos los poderes del Estado. Con el intento de cambiar la Ley guardiana del agua de Mendoza, la designación de María Teresa Day en la Corte, la represión a trabajadores y trabajadoras municipales, y otros tantos tristes episodios, el gobernador Rodolfo Suarez y sus funcionarios dan sendas muestras de seguir firmes en la línea cornejista de la mano dura, los recortes y la concentración de poder.

El senador Marcelo Patricio Rubio (UCR) presentó en la Legislatura provincial un proyecto para modificar la Ley 8.345 que creó la Defensoría para Personas con Discapacidad. Firman este proyecto junto a Rubio los senadores Pablo Priore (PRO), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Marcelo Diumenjo (UCR), Héctor Bonarrico (MAS FE) y Fernando Alín (Socialista). La finalidad de la modificación que propone Rubio a esta norma ejemplar en todo el país, que nació de la lucha incansable de los colectivos de personas con discapacidad de la provincia, es modificar la forma en la que se designa al titular de la Defensoría, quien actualmente se elige de manera representativa.

Senador Marcelo Rubio.Foto de archivo: Coco Yañez

Para designar al candidato o candidata que proponga el Poder Ejecutivo, actualmente se debe votar tanto en la Cámara de Diputados como Senadores con voto afirmativo de dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa. Pero antes de eso el candidato debe haber superado un proceso de tabulación de carpetas de antecedentes y otras instancias de selección que prueben su idoneidad para el cargo.

Pero al oficialismo provincial no le sienta bien tener que ejercer la democracia, por eso Rubio propone en su proyecto de reforma que la Defensoría esté a cargo de una persona con discapacidad designada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, que casualmente es donde el oficialismo cuenta con mayoría, sin tener que pasar por todo el proceso anteriormente mencionado. Se trata de un nuevo intento de Suarez para designar a sus aliados en cargos públicos desde los cuales se debería controlar al gobierno de turno.

Mónica Bascuñán junto a integrantes del colectivo de personas con discapacidad. / Foto gentileza

Para dialogar acerca de este proyecto de modificación arbitrario y sin fundamentos tangibles de la Ley de Defensoría de las Personas con Discapacidad, EL OTRO entrevistó a Mónica Bascuñán, del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, y a Alejandra Berlanga, referente de la organización Madres y Padres Autoconvocados.

“Como colectivo estamos enviando notas tanto al vicegobernador como a las comisiones, para dar a conocer el rechazo absoluto del proyecto de Ley que modifica la forma de elección del defensor. Haciendo fuerte hincapié en que no se convocó ni a personas con discapacidad ni a ninguna de las organizaciones que representan al colectivo, dejando en claro que, al no hacernos parte, se estarían vulnerando nuestros derechos. Lo hacemos bajo el lema que nos identifica: ‘nada acerca de nosotros sin nosotros’”, explicó Mónica Bascuñán. “Es de suma importancia que la Defensoría sea un organismo independiente para que por lo menos una institución, más allá del gobierno, pueda garantizar nuestros derechos. El derecho a la salud, a la educación, a la justicia, al transporte, y a todo lo que hace a la igualdad de oportunidades”.

Alejandra Berlanga / Foto: Cristian Martínez

“La forma en que se viene eligiendo al Defensor de Discapacidad de alguna manera garantiza transparencia en el proceso de elección y no poner a dedo a funcionarios que, evidentemente con esta propuesta que está haciendo el senador Rubio, no se asegura, considerando que la Defensoría de las Personas con Discapacidad es un órgano de control que debe monitorear la política pública del Estado, además de las instituciones privadas”, señaló Alejandra Berlanga. “Difícilmente se podría garantizar la transparencia de ese accionar si la persona que debe cumplir la función de Defensor de manera imparcial e independiente es propuesta por quien luego debe ser controlado”.

“Vamos a defender este organismo porque desearíamos no tener que contar con una Defensoría, pero este colectivo es muy vulnerado y está más que invisibilizado en los medios de comunicación”, enfatizó Berlanga. “En la gestión de Cornejo, al igual que en la gestión de Macri, nuestro colectivo fue uno de los más vulnerados. En la provincia se aplicaron las mismas políticas que en la nación, haciendo un fuerte recorte. La situación de OSEP no garantizando la salud de personas con discapacidad (PcD), el despido de PcD insertadas laboralmente que el gobierno de Cornejo jubiló por incapacidad laboral, la no entrega de medicamentos por parte del programa federal Incluir Salud, que dejó a muchas personas sin audífonos, sin garantizar los tratamientos. Todas estas fueron cuestiones que hicieron retroceder a un colectivo que históricamente tiene muchas barreras para  insertarse en la sociedad y tener una vida plena en igualdad de oportunidades”, denunció Bascuñán.

Foto: Fabián Sepúlveda.

Alejandra señala que durante la cuarentena se han acentuado las asimetrías a las que se ven sometidas las personas con discapacidad y Mónica deja en claro que “con la nueva gestión de Suarez vemos que pasa exactamente lo mismo, todas las instituciones que trabajan y atienden a personas con discapacidad están a cargo de personas que no tienen discapacidad y, lo que es peor, no están sensibilizados en la temática. Esto hace que sea muy dificultoso poder hacer todos los trámites correspondientes para obtener los beneficios que el CUD (Certificado Único de Discapacidad) nos garantiza. La provincia de Mendoza es la única en el país que tiene Defensoría, esto se puede ver como un gran avance, pero si dicha institución no garantiza, defiende y regula nuestros derechos no se puede ver como tal”.

“Tanto el gobierno de Cornejo y ahora el de Suarez aplican políticas neoliberales en base a un modelo médico hegemónico donde nuestro colectivo no encaja, ejerciendo claramente el capacitismo. Es fundamental que los gobiernos generen prácticas anticapacitistas para que nuestro colectivo sea parte de una sociedad que vea a la persona y no su condición. De esa manera se daría lugar a que las personas con discapacidad podamos tener una vida con autonomía y libre de discriminación en igualdad de oportunidades”, cerró Mónica Bascuñán.

El senador Rubio junto al ex gobernador Alfredo Cornejo / Foto tomada del perfil de Facebook del legislador.

¿Será este otro capítulo del libro de designaciones arbitrarias del oficialismo provincial o por fin se hará lugar a los reclamos que sostienen los colectivos de personas con discapacidad que tanto lucharon por la ley provincial que hoy se quiere modificar sin escuchar al pueblo, tal como Suarez quiso hacerlo con la Ley 7722 en diciembre de 2019

Fuente: Elotro.com.ar

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