En noviembre, cuando se debatió el nuevo esquema para el impuesto Inmobiliario y Automotor que propuso el Ejecutivo, lo voté en contra.
Mi oposición a este paquete de leyes económicas se basó en la crítica situación financiera por la que atraviesan miles de familias mendocinas, con un nivel de actividad económica que se desplomó, comercios y empresas que debieron cerrar sus puertas y muchos mendocinas que cayeron en la pobreza.
En un escenario así, con recesión producto de las medidas impuestas por la pandemia de Covid-19, las cuentas fiscales se deben equilibrar vía racionalización del gasto para poder reducir la presión impositiva y aliviar al sector privado.
Insisto: comprimir la presión tributaria para no ahogar a los privados. Y, precisamente, los proyectos de Avalúo e Impositiva no se orientaron en esa dirección, más allá de la disminución puntual de Ingresos Brutos a favor de ciertas actividades afectadas por la pandemia.
Al momento de analizar y debatir estos proyectos, remarqué que la situación ameritaba una baja pronunciada y significativa de impuestos que alivie al sector privado e incentive inversión de calidad.
Hoy, cientos de miles de mendocinos han recibido su impuesto automotor con subas por encima del 150%, que se hace dificilísimo poder afrontar.
Modernizar la administración es un desafío urgente para combatir un estado ominipresente que va languideciendo y debilitando a un mercado cada vez más raquítico.