En la madrugada del 20 de mayo de 2019, Danilo Sansone de 13 años, Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14), Rocío Quagliarello (13) paseaban por la ciudad de San Miguel del Monte en el Fiat Spazio conducido por Aníbal Suárez (22). En algún momento del recorrido, dos policías a bordo de un patrullero de la Policía Bonaerense comenzaron a perseguirlos y dispararles. Desde otro móvil -que pretendió bloquear el paso del auto- también efectuaron varios disparos. Una de las balas hirió a Gonzalo.
Después de varias cuadras de persecución, en la colectora de la ruta nacional 3 (a la altura del barrio San Bernardo) el auto impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado: Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo murieron en el lugar. Sólo Rocío sobrevivió tras un mes de internación producto de múltiples lesiones de gravedad. Inmediatamente después del hecho, la policía desplegó un extenso operativo para borrar pruebas y falsificar las actas de procedimiento.
A casi dos años del hecho, el Juez de Garantías de La Plata Eduardo Silva Pelossi rechazó los pedidos de nulidades y sobreseimientos presentados por los abogados defensores de 14 de los 24 imputados, y elevó a juicio la causa. El magistrado entendió que no hubo agravios ni se cercenó ningún derecho ni garantía procesal para sostener la nulidad de lo actuado, y sostuvo que existen en el expediente judicial elementos de mérito suficientes para considerar la participación de los imputados.
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El Capitán la Bonaerense Rubén Alberto García y los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez están acusados de ser coautores de los delitos de homicidio agravado por abuso de función como miembros de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego -consumado y, en tentativa- y violación de los deberes del funcionario público. En su resolución, el juez aclaró que estos cuatro imputados ya optaron por el procedimiento del juicio por jurados.
Otros nueve policías están imputados por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público: se trata de Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro.
Además, Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel enfrentan cargos por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público. Y los agentes Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui por violación de los deberes de funcionario público.
El último de los imputados es Claudio Martínez, el entonces secretario de seguridad de San Miguel del Monte, acusado por encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público.
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Además de estas elevaciones a juicio, aún queda pendiente la causa que investiga las responsabilidades de la ex Intendenta Sandra Mayol y Nelson Barrios. También la causa que en la justicia federal investiga las acciones de espionaje ilegal que la policía bonaerense desplegó sobre los familiares y actividades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El organismo acompañó desde el primer momento a las familias de las cinco víctimas y también a los vecinos y vecinas de San Miguel del Monte que, con sus testimonios, fueron claves para desmontar la versión policial y derribar el plan de encubrimiento que los imputados desplegaron apenas ocurrido los hechos. El compromiso de estos testigos con la causa fue reconocido tanto por el fiscal como por el juez de garantías en cada una de las resoluciones adoptadas. La sostenida y masiva movilización de la comunidad reclamando justicia, fue sin dudas un elemento muy importante para el avance de la causa.
La CPM, como patrocinante de las familias de Danilo Sansone y Camila López, también destaca la celeridad y profundidad de la investigación judicial, que permitirá juzgar no sólo el asesinato policial sino también la trama de encubrimiento que buscó ocultar la verdad para garantizar la impunidad del hecho, una maniobra habitual de las fuerzas de seguridad cuando se trata de casos de violencia institucional y que, sin embargo, muy pocas veces se investiga y muchas menos veces llega a juicio.
Fuente:Canalabierto
