Se trata de un agente de la Dirección de Protección Ambiental.
Un empleado de la Dirección de Protección Ambiental fue cesanteado tras haberse detectado varias “irregularidades administrativas”. El agente se desempeñaba como inspector con tareas de notificador en el Área de Residuos Peligrosos. Se trata de Gustavo Federico González.
El decreto N° 2.322 da cuenta que “se detectaron irregularidades en la recepción de constancias de pagos de aforos y TEF (Tasa de Evaluación y Fiscalización)”, entre otras.
En la investigación se pudo constatar la repetición o duplicación del número de transacción, lo que implicó que el comprobante o código pagado se agregara a varios expedientes de forma reiterativa. Esto significa que “simuló” un pago que no se realizó o al menos no se trajo constancia de ello. Sin embargo, las empresas si le estaban pagando al Estado, pero el agente oficiando de “gestor” se quedaba con el dinero.
En todos los casos, las cédulas de notificación están firmadas por el agente en cuestión, quien incorporó códigos adulterados o duplicados. Con esto el inspector obtenía una “ventaja económica”.
De esto se desprende, según los testimonios, que González les tramitaba el pago de los códigos, retiraba la documentación por el domicilio de las empresas y recibía un pago por su trabajo de gestor. Por ese servicio, el empleado cobraba por las gestiones realizadas fuera del ámbito de la Dirección de Protección Ambiental.
“Que el agente González iba a las empresas y retiraba la documentación para presentar en la Dirección de Protección Ambiental, cobraba por sus servicios y le reintegraban el dinero que el abonaba por los Códigos”, añade la investigación.
A través de su defensora, el empleado desconoció los testimoniales del cargo y planteó la nulidad ofreciendo pruebas donde también se advirtieron irregularidades como falsificaciones de firmas y documentos, lo que complicó todavía más al agente estatal.
“Que existe la posibilidad de la comisión de un delito ante la falsificación o adulteración de las firmas de las empresas quienes claramente negaron la autenticidad de las firmas puesta en las cédulas, pero solo en el ámbito penal se podrá determinar la vinculación o responsabilidad penal de los intervinientes, no en el sumario administrativo”, señala el decreto.
Para obtener el Certificado Ambiental Anual habilitante (conforme Ley 5.917) las empresas realizan la petición por medio de una declaración jurada para la obtención del Certificado. La Dirección de Protección Ambiental emite un informe y se emite una resolución. Esa resolución se notifica a la empresa junto con el mandato de abonar los Códigos 458 y 883. Esos códigos pagados se deben presentar por Mesa de Entrada de la citada Dirección formando un GEDO que se vincula al expediente principal y con la entrega de los Códigos se entrega el Certificado Ambiental y los originales son archivados.
Del sumario se da cuenta que las irregularidades estaban en los tickets de pago que colocaba en el reverso de las cédulas.
A raíz de todos estos hechos el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, denunció penalmente al empleado en cuestión.
«Cada vez que detectamos estos casos, impulsamos un sumario rápidamente. Lo positivo es que en esto el Estado no es bobo», señalaron desde la Casa de Gobierno.
Fuente: Diario El Sol
