“Todos los negocios que operan con tarjetas de débito en el país deben esperar 48 horas hábiles y hasta, a veces, muchos días más para percibir los montos debitados, a su vez que al consumidor se le debitan a los pocos segundos”, argumentó Ponce en su iniciativa, que es acompañada por otros legisladores del Frente de Todos y aliados habituales del kirchnerismo en Diputados, como el Movimiento Popular Neuquino, Juntos Somos Río Negro y el mendocino José Luis Ramón.

Quienes ya solicitaron un rápido tratamiento de la ley fueron los representantes de la comisión de Economías Regionales de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Económica de Buenos Aires, la Federación de Almaceneros bonaerense, y la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de Argentina.

Los legisladores que firmaron el proyecto fundamentaron: “Esta situación de pandemia no ha hecho más que empeorar la situación económica y financiera, afectando mucho más a las pymes y medianos emprendedores. La Ley 27.253 y sus modificatorias tratan de incentivar el uso de pagos electrónicos devolviendo un porcentaje del IVA como incentivo para el uso de estos medios. En la realidad se puede apreciar que los comercios, al deber esperar este tiempo para hacerse de los fondos, comienzan en la práctica a diferenciar de precio entre efectivo y débito desalentando el uso que se intenta fomentar”.

En otro tramo, los diputados manifestaron: “El Banco Central de la República Argentina ha implementado distintas acciones y planes tendientes a actualizar los medios de pagos para estar acorde con los tiempos que corren y a la constante aparición de nuevas tecnologías. Hay sistemas electrónicos como los Pagos DEBIN, Billetera Electrónica, Botón de Pago, POS Móvil, Mercado Pago, y otros, todos instrumentados por el BCRA que demuestran que los sistemas ya están adaptados para la acreditación inmediata de los fondos que se debitan, en las cuentas de los comerciantes receptores de los mismos”.

La segunda iniciativa que se puso en discusión a fines de septiembre pasado, presentada por el también oficialista Ariel Rauschenberger -que reflota discusiones de años anteriores-, es la que trata sobre las comisiones de las tarjetas. El texto en cuestión busca imponer al “emisor de tarjetas de compra y crédito” la imposibilidad de “efectuar descuentos ni aplicar cargos, por todo concepto, superiores a un 1,5% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor”.

Para las tarjetas de débito bancario, “dicho porcentaje máximo será del 0,5%”. En otro tramo del texto se deja claro que “la acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante tarjetas de crédito o débito se hará en un plazo máximo de dos días hábiles”. Por último, se resalta que “para las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito a través de micro, pequeñas y medianas empresas cuyos niveles de facturación anual en ningún caso superen el máximo establecido para dicha categoría, el porcentaje máximo para la aplicación de cargos será del 0,3%”. El plazo de acreditación también será de dos días hábiles.

Como las emisoras de tarjetas firmaron años atrás un acuerdo con el Estado para bajar aún más las comisiones, algunos consideraron que acoplar esta ley junto a la de acreditación inmediata de débitos podría trabar el trámite legislativo, por lo que podría quedar en observación para otro momento. De allí la importancia de las exposiciones que realizarán mañana cámaras empresariales y asociaciones bancarias.