A un mes de los allanamientos en la sede de la prestadora y en el domicilio de su director, Aldo Tonón, el supremo Juan Carlos Maqueda comenzó a mover fichas, en alianza con personas cercanas al presidente del Máximo Tribunal, para intentar bajar el tono a un caso que incluye desvío de fondos multimillonarios y licitaciones digitadas.
A un mes de los allanamientos realizados en el domicilio personal del entonces director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Aldo Tonón, por un megacaso de corrupción en la prestadora de salud controlada por personas de confianza del juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, comenzaron a darse llamativos movimientos internos que podrían perjudicar la investigación.
Según pudo confirmar, en las últimas semanas se presentaron nuevas denuncias penales contra la gestión de la Obra Social. Se trata de denunciantes que pidieron ante la Justicia investigar más licitaciones irregulares realizadas en la etapa de Tonón, como la ya revelada contratación de la empresa Farmandat S.A., que incluyó presupuestos multimillonarios sin respaldo técnico, gritos y aprietes en la apertura de sobres y hasta trabas a las competidoras, con el fin de que la compañía beneficiada pudiera quedarse con el servicio por 1.800 millones de pesos, pese a no contar con la mejor oferta.
“Maqueda está intentando borrar las huellas que fue dejando a lo largo de tantos años”, la fuente judicial al tanto de los movimientos subterráneos que despertó la primera denuncia, realizada a mediados de septiembre por un empleado de la obra social. Consultado por este supuesto intento de “borrar huellas”, la misma fuente profundizó ante este medio: “Basta con mirar los nombres de los auditores que eligieron para revisar, entre muchas comillas, lo que hizo Tonón y el círculo de confianza de Maqueda en la Obra Social; es toda gente vinculada de alguna u otra manera a la Corte”.
Sin embargo, el vínculo de amistad y confianza que unió durante años a Tonón y Maqueda comenzó a resquebrajarse en las últimas semanas ante el temor de este último de que “el Doctor” hable: “El propio Tonón contó ante allegados que recibió un llamado de la esposa de Maqueda, María Belén Ferrer Deheza, amenazándolo y diciéndole que era un traidor“, contó una fuente interna de la Obra Social a este medio.
Pero no fue el único mensaje que recibió Tonón: la secretaria de Maqueda, Maribe Bounichelli, usó el mismo tono para dirigirse al ahora ex director investigado por la Justicia.
Las acusaciones por intentos de encubrimiento que rodean a Maqueda deben entenderse en perspectiva: dentro de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, el integrante de la Corte ubicó a personas de su máxima confianza en roles fundamentales. Hoy, estas personas quedaron en una situación delicada ante la Justicia. Uno de estos lugares sensibles lo ocupó su sobrina, María Guadalupe Burgos, a quien Maqueda sentó en la oficina principal de Tesorería, desde donde manejó un presupuesto mensual de 1.232,3 millones de pesos entre aportes y contribuciones de los afiliados.
Además, dos de los nuevos directores nombrados que estarán a cargo de gestionar la Obra Social son personas con ligaduras directas con Maqueda o bien con el ex ministro de Salud, Ginés González García, quien funcionó de nexo inicial entre el ahora investigado Aldo Tonón y el juez del Máximo Tribunal. Otro de los directores, como veremos a continuación, generó aún más ruido interno en la Obra Social.
“Hay una alianza entre Rosatti y Maqueda para salvarle el pellejo al cordobés”, soltó un hombre con más de diez años en la gestión diaria de la Obra Social y que hoy se muestra descontento por la situación en la que quedó la prestadora. Sobre esta acusación, ahondó: “Nombraron a Cora Borensztein como parte del directorio de la Obra Social del Poder Judicial y muchos la vnicularon a Maqueda y a Ginés; es verdad, pero también es la pareja del principal colaborador de Carlos Rosatti”, reveló.
Dentro de la Obra Social, no recibieron con buenos ojos el aterrizaje de Borensztein: “No podés nombrar a la pareja del ladero de Rosatti para investigar. Sería todo mucho más transparente si se nombrara una auditoría externa o si fuera un organismo externo a la Corte”. Y completó: “Además, la presentaron en algunos medios como colaboradora de Eduardo Mertehikian como si estuvieran hablando de un jurista de alto vuelo”.
Fuente:Nexofin
