Mendoza: El impacto del ajuste del 40% en los haberes de la planta política profundiza el conflicto con los gremios

Mientras los salarios de la administración pública y el sector docente registran actualizaciones de un dígito, el sueldo bruto del Gobernador ascendió a los $6,6 millones debido a un mecanismo de enganche paritario.

MENDOZA.— Una fuerte controversia institucional y sindical se ha desatado en la provincia tras consolidarse el impacto de la última actualización salarial en los haberes del gobernador Alfredo Cornejo, su gabinete de ministros y los miembros de la Legislatura provincial, quienes percibieron un incremento del 40%.

La medida ha generado un cerrado rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio de profesionales de la salud (Ampros) y referentes de la oposición. El severo cuestionamiento se fundamenta en la profunda asimetría existente entre los ajustes otorgados a las máximas autoridades frente a las pautas salariales destinadas al resto de los trabajadores del sector público, en un contexto ya marcado por el debate de la reforma del estatuto laboral.

📊 Estructura del ajuste y haberes percibidos

De acuerdo con las explicaciones brindadas por el Poder Ejecutivo provincial, el incremento no responde a una disposición discrecional, sino a la aplicación automática de las normativas vigentes (Leyes 8832 y 5811). Al modificarse e unificarse un ítem de productividad vinculado a la clase 13 del régimen 05, el sueldo del mandatario —que por escala legal equivale al doble de dicha categoría— experimentó la correspondiente indexación.

El nuevo esquema de haberes se compone de la siguiente manera:

• Gobernador Alfredo Cornejo: Su remuneración bruta se elevó de $4,7 millones a más de $6,6 millones (representando un neto aproximado de $5 millones de bolsillo).

• Poder Legislativo: Las dietas de los diputados y senadores provinciales, al estar supeditadas por ley al 95% del haber del jefe del Ejecutivo, recibieron el mismo impacto proporcional.

• Ámbito Municipal: La medida alcanzó de igual forma a intendentes y concejales de las comunas cuyos esquemas salariales se encuentran adheridos al escalafón provincial.

Posición oficial: El ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, enfatizó que la actualización se dio estrictamente en el marco de la negociación paritaria de la Administración Central y las reglamentaciones por escalas. Asimismo, fuentes del Ejecutivo señalaron que, a pesar de este ajuste, el gobernador de Mendoza continúa figurando entre los mandatarios con menores ingresos del país.

🗣️ Posturas y reclamos de los sectores sindicales

Los representantes de los trabajadores esenciales han manifestado un enérgico rechazo, argumentando que la absorción del poder adquisitivo ha sido selectiva y deja a una gran masa de empleados públicos por debajo de la canasta básica.

• Sector Educativo: Lautaro Jiménez, docente y dirigente de la oposición, cuestionó con dureza la disparidad de los porcentajes aplicados de forma simultánea: “En un mismo día se otorgó un 4% de aumento para los maestros y un 40% de aumento para el gobernador, diputados y senadores, llevando el monto de sus dietas arriba de los 6 millones de pesos”.

• Profesionales de la Salud: Desde Ampros, su titular Claudia Iturbe calificó la situación como una flagrante desigualdad, señalando que mientras el sector político actualizó sus haberes de forma integral, al sector sanitario “solo se le otorgó el 15% hasta fin de año”, profundizando el retraso salarial que arrastra el sector.

• Administración Central (ATE): Roberto Macho, secretario general del gremio, contrastó la realidad de los agentes públicos frente a la planta política: “Los estatales recibieron por decreto una suba del 10% en tres cuotas. Es un esquema lamentable donde un enfermero cobra $700.000 por 40 hours semanales”.

📉 Exigencias gremiales

Ante este escenario, los sindicatos han ratificado el estado de movilización y exigen la apertura inmediata de paritarias definitivas con el objetivo de establecer un piso salarial de $1,3 millones para los trabajadores del Estado, al tiempo que mantienen el rechazo al paquete de reformas del Estatuto del Empleado Público impulsado por el oficialismo.