El titular de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM), Humberto Mingorance, fue imputado por la Justicia provincial en el marco de la causa por contaminación ambiental originada tras el vuelco clandestino de líquidos cloacales a un canal de riego en Guaymallén. La medida judicial también alcanzó a Darío Hernández, gerente general de la empresa estatal, y a Carlos Cifuentes, gerente operativo.
La decisión fue tomada luego de que los fiscales intervinientes consideraran que existen elementos suficientes que vinculan a los funcionarios con el daño ambiental ocasionado por los derrames de efluentes cloacales al canal “Rama 12”, perteneciente al sistema Vertientes Corralitos. Según la investigación, la contaminación habría afectado tanto el curso de agua como las zonas ubicadas aguas abajo.
De acuerdo con la causa, los hechos investigados ocurrieron en las inmediaciones de Severo del Castillo y 2 de Mayo, sector por donde atraviesa el colector cloacal Noreste, uno de los más importantes del Gran Mendoza. La acusación sostiene que AYSAM habría realizado nuevamente descargas contaminantes durante este año sin contar con autorización del Departamento General de Irrigación y provocando además daños en la infraestructura hídrica del canal.
La imputación contempla los delitos de daño agravado y contaminación peligrosa de un curso de agua con residuos considerados peligrosos. La acusación formal se apoya en los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y en el artículo 184 inciso 5 del Código Penal, normativas que sancionan la contaminación ambiental cuando pone en riesgo la salud pública y afecta bienes de uso público.
La investigación judicial tomó como base la resolución 481 del Departamento General de Irrigación, mediante la cual el organismo aplicó a AYSAM una multa de 120 millones de pesos por los hechos denunciados. Según trascendió, Mingorance fue notificado formalmente este martes tras presentarse en Tribunales.
La causa está a cargo del fiscal Gabriel Blanco, quien impulsó las imputaciones junto al fiscal Sebastián Capizzi. Debido a que los acusados ocupan cargos públicos, el avance del expediente requirió la revisión de autoridades superiores del Ministerio Público Fiscal. Finalmente, los fiscales jefes Gustavo Pirrello y Paula Quiroga avalaron el proceso y confirmaron las imputaciones contra los directivos de la empresa estatal.










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