La industria del vino atraviesa un momento crítico por la caída de rentabilidad

La vitivinicultura de Mendoza enfrenta un escenario complejo que combina caída de exportaciones, retracción del consumo interno y un fuerte aumento de los costos de producción. Los indicadores oficiales muestran un deterioro sostenido que impacta de lleno en la principal actividad económica regional de la provincia.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en 2025 las exportaciones totalizaron 661 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2009. El retroceso también se refleja en el volumen exportado: mientras en 2020 se enviaron al exterior 193,3 millones de litros, en 2024 la cifra cayó a 52,1 millones.

El mercado interno tampoco ofrece señales alentadoras. El consumo descendió 12,5% en 2025, marcando un mínimo histórico. A esto se suma un dato que preocupa al sector: las importaciones de vino crecieron de manera exponencial en los últimos años, multiplicándose por 18. Más producto extranjero en góndola y menos presencia argentina en el exterior configuran un escenario adverso para bodegas y viñateros.

Costos en alza y rentabilidad en rojo

El impacto económico se profundiza con el incremento de los costos mayoristas, que acumulan una suba del 276% desde fines de 2023, según cifras oficiales elaboradas en base al INDEC. En contraste, el precio del tacho de uva registró una caída cercana al 30% respecto del año pasado, reduciendo aún más los márgenes de rentabilidad.

Desde la Federación de Obreros Vitivinícolas y Afines señalaron que el ajuste ya repercute en los salarios y en las condiciones laborales, generando incertidumbre entre los trabajadores del sector.

Reclamos y propuestas

En el plano político, legisladores justicialistas mendocinos comenzaron a visibilizar el impacto social de la crisis. “No se trata solo de estadísticas, sino de familias y economías regionales que dependen de esta actividad”, señalaron.

En ese marco, el diputado sanrafaelino Germán Gómez presentó un paquete de iniciativas que contempla la declaración de la Emergencia Vitivinícola, la fijación de un precio mínimo para la uva, medidas de alivio impositivo y la conformación de una mesa de diálogo intersectorial.

Uno de los datos que enciende alarmas es la pérdida de superficie cultivada: entre 2016 y 2025 se dejaron de producir más de 27.700 hectáreas. El cierre de viñedos y la reducción de inversiones alimentan el temor de un daño estructural en la actividad.

Con exportaciones en retroceso, consumo en baja y costos en ascenso, el sector atraviesa una etapa de fuerte tensión. El desafío, coinciden distintos actores, será encontrar mecanismos que permitan recuperar competitividad y evitar que la crisis se profundice en los próximos años.