REFORMA AL ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO: “El oficialismo impuso cambios en soledad y a espaldas de los trabajadores”

El bloque de senadores del Pj rechazó la reforma al Estatuto del Empleado Público que terminó siendo aprobada con el voto de desempate de la vicegobernadora. 

Desde el Justicialismo calificaron el proyecto como un retroceso en derechos laborales y un ejemplo más de la política de concentración de poder del gobernador Cornejo.

La senadora Adriana Cano cuestionó con dureza la medida“¿De qué modernización hablan si lo único que hacen es pisotear derechos reconocidos y avalados incluso por convenios internacionales? Esta ley no mejora el Estado: lo precariza y lo vuelve más ineficaz”.

La legisladora recordó que Cornejo prometió en 2016 implementar concursos para transparentar los ingresos a la administración pública, pero en ocho años solo se realizaron 87 concursos sobre más de 100.000 empleados. “De aquel anuncio rimbombante solo quedó propaganda. Hoy prefieren sumar cargos políticos a dedo y vaciar los ámbitos paritarios, en lugar de fortalecer la transparencia y la calidad de los servicios públicos”.

Además, remarcó que la reforma viola principios básicos del derecho laboral como la estabilidad, la continuidad y la progresividad, y advirtieron que su aplicación traerá judicialización y un alto costo económico para la provincia.

La situación se agrava, señaló, porque la precarización del empleo público tiene un impacto directo en la prestación de servicios esenciales.

 “En Mendoza faltan médicos y docentes, se cierran centros de salud y las escuelas se caen a pedazos. Hoy un 45% de los médicos que realizaron su residencia en la provincia decide irse porque los salarios son de miseria”, advirtió Cano.

La reforma fue aprobada sin el acompañamiento de la oposición y en medio del reclamo de los gremios estatales, que ya anticiparon la judicialización de la norma. Cano advirtió que el costo de estos litigios “será millonario para la provincia” y comparó la situación con la Ley Bases nacional que terminó judicializada.

“Este proyecto es el fin de un ciclo, con un gobernador cada vez más despótico, que prefiere ahorrar 300.000 millones de pesos en bicicleta financiera mientras las escuelas se caen a pedazos, los médicos emigran y los salarios estatales son de los más bajos del país”, sentenció.