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    Poco antes de las 23 del 7 de julio de 2018, el abogado Facundo Melo agarró su celular y sin mediar palabras compartió una nota sobre el atentado frustrado a un funcionario del Ministerio de Defensa. Jorge Sáez le contestó: “En este país no se puede vivir más”. No eran vecinos indignados quieren debatían al filo de la medianoche, sino dos de los integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reclutados durante la gestión de Mauricio Macri para hacer espionaje ilegal. A principios de este año, un detenido por narcotráfico vinculó directamente a Melo con ese hecho, algo que el exagente negó este viernes rotundamente –como cualquier otra intervención en actividades ilegales de inteligencia– en una ampliación de indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

    Melo entró en la AFI en 2016 por recomendación de Sáez. Según él, su actividad en la exSIDE fue siempre escasa, porque su principal ocupación era trabajar como abogado independiente. Su estudio jurídico, ubicado en la esquina de las calles Aristóbulo del Valle y Ministro Brin, de Lanús, es casi un escenario central de la causa de espionaje que tramita en los tribunales federales de Lomas. Ahí dice haber llegado un supuesto narcotráficante de nombre Sergio Rodríguez –que pasó a la fama como “Verdura”, pero cuyo alias es, en realidad, “Perro”– para entrevistarse con Melo y que éste después le ofreciera hacer un trabajo que consistió en llevarle un artefacto explosivo hasta el domicilio de José Luis Vila, un funcionario de Defensa –en las gestiones de Julio Martínez y Oscar Aguad– que estaba enfrentado con un sector de la AFI.

    “No tengo dudas de que esta declaración fue guionada”, se despachó Melo en la audiencia para ampliar su indagatoria ante el juez Augé. Sentado frente a su computadora en el ya célebre estudio jurídico y con los diplomas de fondo, Melo usó unos pocos minutos para aclarar que nunca había visto a Rodríguez en su vida y desmentir parte de la descripción que éste había hecho de su oficina frente al anterior juez que entendió en la causa, Federico Villena. Dijo que no había ni alfombras, ni vidrieras, ni una escalera, como había relatado Rodríguez.

    Melo se propuso presentarse como víctima de una operación, destinada también a atacar a sus compinches de la AFI, Sáez y Leandro Araque, que serán los próximos en ampliar sus indagatorias ante el juzgado de Lomas. Sobre su paso en la AFI, casi no hizo mención, simplemente declaró que había actuado siguiendo órdenes y que siempre sus superiores le asignaron tareas supuestamente ordenadas por autoridades judiciales. La fiscal Incardona le preguntó quién tramitaba esas órdenes y Melo contestó que suponía que lo hacía el área de Jurídicos, pero que no le constaba.

    La presentación del abogado fue un trámite orientado a negar que haya conocido a Rodríguez, la piedra basal sobre la que se edificó toda la causa de espionaje de Lomas, y a denunciar que se había violado la cadena de custodia de los teléfonos que le secuestraron el 15 de abril, cuando allanaron su casa, la de su expareja y su estudio jurídico. “Estoy en condiciones de desconocer todos los mensajes que salen de los teléfonos porque entiendo que han sido adulterados”, dijo. Los fiscales le respondieron que ése no era el lugar para ese tipo de planteos, sino para defenderse, pero Melo se mantuvo en la tónica de no responder preguntas.

    La audiencia duró poco más de media hora. Después de la ampliación, los fiscales se abocaron a tomar declaraciones testimoniales para avanzar con el tramo del espionaje penitenciario, que será uno de los ejes fuertes de la causa y que ya motivó varios allanamientos a altos cargos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Por videoconferencia declararon el contador Daniel Pérez Gadín y el empresario Cristóbal López, quienes relataron con detalle sus detenciones durante el macrismo.

    Incardona y Eyherabide continúan con la línea de investigación sobre las cárceles mientras avanzan con una ronda de ampliación de indagatorias contra una veintena de ex agentes de la AFI y contra Susana Martinengo, excoordinadora de Documentación Presidencial. Para el mes próximo, se espera la indagatoria de Darío Nieto, el secretario privado de Macri, y de los dos dirigentes máximos de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que ya fueron procesados por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de la calle Juncal.

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